Capítulo 3 El expediente

El reloj digital en la esquina superior del monitor marcaba las diez de la noche cuando la mayor parte del piso cuarenta y dos quedó sumida en la penumbra. Solo la luz tenue de los paneles LED del despacho de Luciano Castelli rompía la oscuridad del pasillo corporativo. Los limpiadores nocturnos pasaban las mopas en silencio por las alfombras del corredor, respetando la silueta solitaria que permanecía inmóvil tras la mesa de cristal. Frente a Luciano descansaban tres carpetas de pasta dura sin clasificar. No pertenecían al archivo general ni habían sido entregadas por la secretaría de operaciones; habían sido recuperadas de la unidad de contabilidad central por su auditor de confianza esa misma tarde, tras iniciar el protocolo de congelamiento de fondos que había anunciado en la junta. Luciano deslizó la vista por las columnas de cifras impresas. Al principio, las inconsistencias parecían pequeños descuadres tipográficos: dobles facturaciones por conceptos de maquinaria pesada, órdenes de compra emitidas a contratistas fantasma registradas en jurisdicciones offshore y retiros en efectivo justificados bajo el ambiguo concepto de "gestión comunitaria". Sin embargo, al llegar al legajo técnico asignado al código del proyecto Altos del Horizonte - Sector Sur, la lógica contable dio paso a una irregularidad de naturaleza totalmente distinta. Luciano frunció el ceño y acercó la lámpara de escritorio al folio. El documento oficial ante las autoridades municipales clasificaba el perímetro colindante como "terreno baldío de alta vulnerabilidad geológica sin asentamientos permanentes". Adjunto al informe figuraba un certificado emitido por un perito topógrafo que declaraba la zona inhabitable y libre de construcciones registradas. Luciano abrió la carpeta paralela de viabilidad financiera. En ella, la realidad trazada por las cifras era brutalmente opuesta. En las hojas internas —marcadas con sellos de uso estrictamente confidencial de la oficina de Renato Treviño— figuraban planos detallados de La Cantera. No era un terreno baldío; era un asentamiento informal habitado por más de quinientas familias, estructurado con comedores comunitarios, talleres artesanales y red eléctrica provisional. Pero lo que heló la sangre de Luciano no fue la presencia del barrio, sino el plan operativo diseñado para neutralizarlo. Debajo del sello confidencial figuraba una adenda técnica no autorizada por el consejo de administración. El documento, firmado con un trazo digital que imitaba la rúbrica de la propia vicepresidencia de Luciano, autorizaba el desembolso de fondos para una "fase de mitigación de riesgos de campo". Las partidas presupuestarias no estaban destinadas a indemnizaciones ni a reubicaciones legales. Los conceptos de gasto describían la adquisición masiva de insumos inflamables, el pago de honorarios a agencias privadas de seguridad sin registro mercantil y la contratación de servicios de demolición nocturna mediante maquinaria pesada bajo la modalidad de emergencia por siniestro. Luciano leyó el párrafo final tres veces para asegurarse de que su mente clínica no estaba malinterpretando el lenguaje técnico de la hoja: "Se ejecutará la limpieza del polígono mediante la simulación de falla eléctrica y siniestro térmico inducido. El dictamen de inhabilitación inmediata permitirá la entrada de las unidades de demolición de la firma subcontratada dentro de las doce horas posteriores al evento, asegurando el desalojo total del perímetro sin derecho a reclamo judicial por parte de los ocupantes." Luciano dejó caer el folio sobre el cristal. La frialdad con la que solía analizar cada aspecto de la empresa chocó de frente con la evidencia física de un delito. No se trataba de una astucia financiera para reducir impuestos ni de un atajo burocrático para acelerar la compra de una finca. Renato Treviño no solo estaba desviando millones de dólares hacia cuentas personales; estaba utilizando la infraestructura y el nombre del Grupo Castelli para orquestar la quema deliberada de un barrio entero y aplastar a cientos de personas bajo la excusa de un accidente térmico. Peor aún: los sellos de autorización llevaban la firma de Luciano. Si ese expediente salía a la luz pública en ese instante, el único responsable legal ante el ministerio público no sería el director de operaciones, sino el vicepresidente ejecutivo que firmaba los cheques. Luciano se puso de pie bruscamente, haciendo rodar su silla de cuero sobre el parqué. Caminó hacia el ventanal y fijó la mirada en la distancia, donde las diminutas luces de La Cantera parpadeaban en medio de la oscuridad de la periferia. Allí abajo, ajenas al cálculo millonario que se gestaba en las alturas del cristal, cientos de personas dormían sin saber que su hogar ya tenía un precio de liquidación y una fecha de caducidad fijada en una hoja de cálculo. Luciano tomó su teléfono encriptado, desbloqueó la pantalla y marcó el número directo de Renato Treviño. El tono de llamada resonó cuatro veces en el auricular antes de que la voz calmada de su socio al otro lado de la línea cortara la espera: —¿Luciano? Son casi las diez y media. Pensé que ya habías dejado la oficina. —Necesito que subas a mi despacho de inmediato, Renato —dijo Luciano con un tono bajo, cortante y exento de todo matiz corporativo—. Y asegúrate de traer las llaves de la caja fuerte de operaciones. Tenemos que hablar sobre el informe de La Cantera.